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Digitalización y tamaño de la asesoría jurídica

Artículo escrito por nuestro socio Jordi Estalella y publicado originalmente en Abogacia.es en este enlace.

Texto completo del artículo:

A la hora de afrontar un proyecto de digitalización en la asesoría jurídica de una empresa aparece una cuestión recurrente relacionada con su dimensión. La duda precisa se refiere al número de profesionales -abogados y personal de soporte- que debería tener.

Conviene adelantar que no existe un número áureo que determine el tamaño de la asesoría jurídica y que éste dependerá de variables como el tipo de operaciones que desarrolle o la cantidad de empleados internos a los que preste su asesoramiento. La inexistencia de un valor único aplicable a todos los departamentos legales no impide, sin embargo, que podamos estimar con bastante exactitud el tamaño óptimo de una asesoría atendiendo a una serie de criterios, los cuales expondremos de manera sucinta.

  • Número de empleados. No es inusual encontrarse con empresas que superan los mil empleados cuyo departamento legal está formado por cuatro o cinco abogados. ¿Esta proporción puede calificarse de óptima? Pues depende de variables como el volumen de consultas, la integración dentro de la asesoría de la parte legal de recursos humanos o cumplimiento normativo o el ámbito geográfico de la actividad de la empresa.

Si bien no puede establecerse una correlación directa entre el número de empleados de la empresa y el número de abogados internos, si que podemos extraer algunas conclusiones de los datos publicados en informes sectoriales (Global Legal Department Benchmarking Suvey, 2021 y Legal departments in a digital era, 2019) y del benchmark que hemos llevado a cabo entre diferentes departamentos legales. Los datos comparativos señalan que una proporción adecuada estaría en un abogado por cada 150 a 300 empleados. Conviene insistir, no obstante, que un cálculo afinado requerirá considerar otras variables.

  • Tipo de procesos. El acercamiento a este criterio puede hacerse desde dos perspectivas. Una es la recurrencia de los procesos diferenciando aquellos que se repiten a menudo de los que se llevan a cabo puntualmente, lo que llevaría a evaluar la posibilidad de automatización de los primeros; y la segunda perspectiva, que nos interesa más aquí, la evaluación de los procesos que revisten el carácter de críticos. Si la empresa desarrolla su actividad en un sector o bajo unas condiciones en las que la prevención del riesgo y el cumplimiento regulatorio exhaustivo supone un elemento crítico para evitar su responsabilidad y daño reputacional, entonces se justifica un equipo legal interno más grande.
  • Volumen de consultas. El volumen de consultas está estrechamente vinculado al sector de actividad de la empresa y a sus divisiones de negocio. Por ejemplo, los sectores regulados suelen acumular un número de consultas per cápita de abogado más alta que los no regulados. La tipología de consultas puede ser muy variada pero lo importante a los efectos de determinar el dimensionamiento de la asesoría jurídica es el tiempo invertido en su resolución.

Si el tipo de consultas requiere dedicar una porción de tiempo relevante y las respuestas no son automatizables (pocas veces no lo son, al menos en parte), la figura del abogado deviene esencial y será imprescindible dimensionar el departamento si este ha llegado al límite de su ocupación. En caso contrario, si las respuestas son susceptibles de automatizarse, la tecnología será la solución de apalancamiento adecuada.

  • Ingresos de la empresa. Una regla técnica utilizada en las empresas americanas es considerar la necesidad de un abogado por cada 200 o 300 millones de dólares de facturación. Esta proporción disminuye en el caso de las españolas debido a que el tamaño promedio, en términos de ingresos, es significativamente menor al de las empresas norteamericanas. Una proporción razonable para estas empresas nacionales se situaría en un abogado por cada 100 o 150 millones de euros.

Esta lista no agota los criterios que se utilizan en la estimación del tamaño óptimo de una asesoría jurídica en el marco de un proceso estratégico o de transformación digital, pero si ofrece algunos fundamentales que deben evaluarse en todo caso.